
Por Miguel Garrido, parlamentario y portavoz de Presidencia e Igualdad de Contigo Zurekin.
Este jueves debatiremos en el Parlamento de Navarra una iniciativa de UPN con el objetivo de introducir una modificación en la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que establece como requisito el título de grado, posgrado o equivalente en el ámbito del conocimiento de estudios de género para acceder a las plantillas orgánicas de las Administraciones Públicas. Una iniciativa que apoyamos, pero que votaremos en contra, y me explico.
Es una iniciativa que apoyamos porque es imprescindible garantizar que las profesionales en materia de igualdad al servicio de las administraciones públicas acrediten la capacitación suficiente para cumplir sus finalidades, como son transversalizar la perspectiva de género al conjunto de la acción de la administración correspondiente e impulsar políticas específicas que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres. Y, además, al hacerlo, se dignifica una labor profesional que consideramos absolutamente esencial en la lucha por una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad.
¿Y entonces por qué votar en contra? Pues sencillamente porque legislar es algo más que materializar una intencionalidad política. Actualmente hay una convocatoria en marcha para la provisión de 10 plazas para técnica de grado medio de igualdad para el Gobierno de Navarra. Y en el caso de que se aprobase la Proposición de Ley, ¿en qué situación quedarían las personas que han acudido a dicha convocatoria que carecen de un título de grado, posgrado o equivalente? ¿Debemos cambiar las reglas de juego a mitad del procedimiento? E incluso aunque la respuesta a esta última pregunta fuera afirmativa, y sabiendo que actualmente solo existe un grado oficial específico del ámbito del conocimiento de estudios de género en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿los grados cuyo plan de estudios aborda de manera específica y/o transversal la cuestión de género deberían ser tenidos en cuenta? ¿Bajo qué requisitos? ¿Deberíamos convalidar la experiencia de profesionales de reconocido prestigio o exigir la titulación independientemente de su trayectoria profesional?
Por lo tanto, votaremos en contra de esta iniciativa porque, en el caso de prosperar, lejos de aportar certezas multiplicaría las incertidumbres. El cambio legislativo, que debe llegar, y debe hacerlo esta legislatura, debe venir precedido por un proceso participado y sosegado sobre cuál es el modelo de profesionales de igualdad que queremos para las Administraciones Públicas de Navarra, cuáles son sus funciones, y junto a ellas, cuál es la formación y/o experiencia requerida para poder ejercerlas con la capacitación adecuada para ello.
Por ello, aun considerando indispensable que el Gobierno de Navarra garantice en las futuras convocatorias de empleo público para profesionales en materia de igualdad la capacitación específica correspondiente, la modificación en la Ley de Igualdad propuesta por UPN no es el camino que consideramos más adecuado para alcanzar una meta que nosotras también compartimos: profesionales con titulación específica o la habilitación para el ejercicio de la profesión de agente o técnica de igualdad.
Este es un proceso básico en el objetivo de dignificar un ámbito profesional, que es estratégico para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres de Navarra y las políticas públicas con dicho fin, y que, desde luego, contará con todo el apoyo de Contigo-Zurekin.