La coalición de izquierdas considera inaudito que el Alto Tribunal corrija su propia jurisprudencia al respecto y pide al Gobierno de Navarra que defienda de forma firme el autogobierno y los derechos históricos consagrados en la Constitución
Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa considera que la sentencia dada a conocer hoy por el Tribunal Supremo que anula el Real Decreto de la transferencia de la competencia de tráfico de la Guardia Civil a Navarra tiene un claro “trasfondo político”, que minusvalora el autogobierno foral y la propia titularidad de la competencia que ostentó Navarra hasta el año 1960, además de la propia Constitución Española ya que la disposición adicional primera de la Constitución ampara, respeta y reconoce los derechos históricos de los territorios forales, siendo esta disposición título suficiente para efectuar un traspaso, contrariamente a lo que manifiesta en su sentencia el Alto Tribunal.
A juicio de la coalición de izquierdas, no deja de ser sorprendente que el Tribunal Supremo contradiga su propia jurisprudencia anterior sobre dos sentencias del año 2018 y numerosas sentencias más amparadas en la doctrina del Tribunal Constitucional ya consolidada sobre la Disposición adicional primera de la Carta Magna.
La única lectura que se puede hacer desde Contigo-Zurekin es que las presiones políticas han vuelto a entrar en los despachos de la alta magistratura como consecuencia de la campaña falaz que se desató en todo el Estado con que la asunción de la competencia en realidad lo que pretendía era la expulsión de la Guardia Civil de la Comunidad Foral, a la vez que obliga a la Comunidad foral a acudir a mecanismos de negociación con el Estado que niegan el factor fundamental del autogobierno como es la titularidad de la competencia por parte de Navarra.
Contigo-Zurekin insta al Gobierno de Navarra a defender los principios elementales del autogobierno, recurriendo la insólita sentencia del Tribunal Supremo si es preciso ante el Tribunal Constitucional, que tiene abundante doctrina al respecto, y defender los derechos históricos recogidos tanto en la Constitución como en la Lorafna ante los ataques de una judicatura cada día menos independiente y más politizada.
